“No se puede tener un ideal, del tipo que sea, sin desear establecerlo, y, si lo estableces, sin desear defenderlo” G. K. Chesterton)
¡¡¡Buenos días!!!
Ayer, antes de acostarme, pensaba en lo
que había sucedido el martes por la tarde en nuestro Congreso de los Diputados,
la verdad es que no me atrevo a decir con rotundidad, pues no soy jurista, si
lo que se está haciendo con la amnistía es una ilegalidad, pero lo que en
realidad no me dejaba conciliar el sueño era que fuese una injusticia, que
fuera injusto lo que se está haciendo.
La diferencia entre legal y justo es
importante, y merece un momento de nuestro tiempo para pensarlo. Hay que
empezar pensando que las leyes son lo que marca el origen de la legalidad o
ilegalidad, están hechas en las Cortes o sea Poder Legislativo que en España está
unido al Poder Ejecutivo, y se aprueban simplemente por la mayoría en el
Parlamento. O sea, los parlamentarios que votan las leyes en el Legislativo las
hacen cumplir en el Ejecutivo.
Hasta aquí todo parece claro, si una ley
cumple todos los requisitos anteriores podríamos decir que es legal. Pero
vayamos a lo que es justo o injusto. Hay una definición de ley que nos viene a
decir, es: “Ordenamiento de la razón para el bien común, promulgada por quien
está al mando de la comunidad”, en esta definición nos damos cuenta de que se
hace énfasis en la necesidad de bien común que es lo que determina la justicia
o injusticia de una ley.
Pero, y aquí la dificultad, para saber
si se dirige al bien común hay que conocer previamente qué es tal bien y para
eso son imprescindibles unos principios.
¿Existen ahora esos principios? Según mi
opinión, no los veo claros, vivimos en una sociedad que se encuentra tranquila
ante una doctrina en contra de la vida; no se altera ante la manipulación a la
que esta sometida la Justicia y el Tribunal Constitucional; asiste impávida
ante la multiplicación de los sexos por ley; la máxima autoridad del Estado es
ignorada y vejada por unos y otros sin que pase nada. En fin, unos ejemplos que
unidos a reclusión de la religión a lo más profundo del ámbito privado hace que
nadie se aclare en lo que está bien y lo que esta mal.
Es verdad que el Parlamento puede
cambiar las leyes y modificar con ello la legalidad, pero no puede hacerlo con
la ley natural que tenemos impresa dentro de nosotros.
Por eso no asombra que se pueda decir
una cosa y hacer la contraria; qué se prometa algo y se falte a la palabra dada
y que “Donde dije digo, digo Diego” sin que tenga ningún coste político,
es una incoherencia, pero así es.
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