Si hay algo destacable que mencionar entre
todos los temas que me han surgido en las conversaciones de estos últimos días,
destacaría especialmente dos: de que el poder en estos días defiende y pertenece
una ideología muy concreta, y que debemos tener cuidado con la deriva que esto
está llevando a nuestra democracia, con el riesgo de transformarse en un
sistema político que no acepta según que verdades.
Según lo veo, en estos momentos nuestro poder
político está atribuyéndose la labor de decirnos lo qué es bueno o aceptable y
lo qué es verdadero. Por lo que ha dejado de ser un regulador o árbitro para
convertirse en parte. Y esto, que empieza a parecernos normal, pues lo vemos
como la libertad de cada persona o partido político para defender sus ideas y
llevarlas a cabo tiene consecuencias, y es que entonces la ley ya no reconoce
la realidad, sino que la elabora, por lo que el desacuerdo ya no es legítimo,
sino que se convierte en un problema, nuestra libertad se convierte un apego a
un entorno que nos han marcado previamente.
No estoy diciendo de que esto se trate de una
discusión ideológica, sino que se me presenta más como una cuestión estructural.
En el cristianismo siempre se ha defendido una diferencia clara en la vida
pública, ese famoso: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios.
Aquí no hay que buscar una separación hostil, hay
que buscar un equilibrio que favorezca a las dos partes. Veo y entiendo que el
poder político tiene su propio marco de actuación, necesario y legítimo, pero
esto no quiere decir que sea absoluto. En las personas existe un orden moral
que se encuentra antes y más arriba, que está situado por encima del ente
político, que no tiene que crear el poder, sino que lo orienta y en cierta
manera lo limita y lo juzga. Hoy en día no veo que exista ese equilibrio.
Durante siglos hemos observado que la
distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios ha actuado como un
límite al poder. Hoy ese equilibrio no lo veo: el Estado no solo administra lo
suyo, sino que pretende definir aquello que no le corresponde. El poder del
Estado ya no esta limitado y vemos como comienza a justificarse a sí mismo. Y
ahí es donde toda democracia empieza a debilitarse.
Estamos asistiendo en los últimos años como el
Estado no solo legisla y gobierna, lo que considero normal, sino que cada vez con
más asiduidad nos define qué es moralmente aceptable, establece qué visión del
hombre debe prevalecer y determina qué posiciones pueden expresarse sin ser
estigmatizadas.
Cuando esto ocurre, desaparece el contrapeso
moral. Ya no hay una instancia que limite el poder desde fuera de sí mismo. El
Estado deja de reconocerse sometido a un orden moral superior y pasa a convertirse
en su fuente.
Y entonces ocurre lo evidente: el Estado pasa
a definir la verdad, el bien y el mal. Y en ese proceso, toda creencia que
mantenga una idea diferente sobre la dignidad de la persona y el derecho a la
vida debe ser desplazada, silenciada y si es posible deslegitimada.
En este contexto se entiende bien, por
ejemplo, la beligerancia selectiva en la exigencia de verdad y reparación de
las víctimas de abusos sexuales, concentrada únicamente en la Iglesia con un
porcentaje mínimo de víctimas, mientras el resto de los espacios sociales, que
acumulan más del 99%, quedan al margen de un análisis comparable. Cabe la
pregunta de si realmente se busca la reparación de todas las víctimas o más
bien la deslegitimación moral de la Iglesia y si es posible su ruina económica.
Como resultado de esta manera de entender la
vida pública sin tener ninguna referencia moral objetiva, es que el Estado ya
no se siente limitado por nada que se encuentre por encima de él, ya que
considera que no existe nada por encima de él.
Conviene decirlo: esta tentación ha existido
siempre y en todos los sistemas políticos. Pero también es justo reconocer que
hay ideologías que, por su propia lógica interna, son más proclives a este
escenario que otras.
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