Buenos días.
Me hubiera gustado hoy detenerme en el verbo detentar y que, según la
Real Academia se trata de: Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. Y del que creo que hay muchas cosas que
decir puesto que al que detenta un Poder así viciado se le llama detentador y
se convierte en autócrata o dictador.
Pero tiempo habrá, pues me he encontrado con un artículo sobre la
inmigración que me plantea serias dudas de que lo estemos afrontando bien. Veo
dos formas, principalmente, de querer solucionarlo en los partidos políticos que
me llevan a pensar que vamos a tener un enfrentamiento demasiado radicalizado y
que por lo tanto no va a solucionar nada.
Veo que hay quien instrumentaliza la inmigración en beneficio propio
con la idea de que va a solucionar los problemas que se han causado con nuestras
políticas de destrucción de la familia y que agravan la crisis de nacimientos.
La otra forma que intuyo se deriva de la anterior, y es que hay
partidos que piensan que la inmigración desordenada y generadora de problemas
objetivos puede constituir un caballo de batalla electoral, la cuestión es que
a partir de ahí se dan soluciones que ignoran la dignidad del inmigrante.
Estas son básicamente las dos tendencias en nuestra política sobre
inmigración.
Pues bien, a mí me gustaría recordar que ese amar al prójimo como a uno
mismo no se opone al bien común, sino que lo presupone. Con esto lo que quiero
decir es que, para acoger, proteger e integrar a quienes vienen en busca de una
vida mejor, es imprescindible garantizar la estabilidad social de quienes ya
están. Exigir fronteras operativas, promover políticas de integración
realistas, reflexionar sobre los límites de la acogida o admitir que puede ser
legítimo priorizar ciertas procedencias no contradice el espíritu de nuestra
moral. Lo contradice, en cambio, moralizar sin discernimiento.
Y es que, mostrar un discurso moral nada tiene que ver con moralizar. Un
discurso moral lo que hace es que propone principios, muestra criterios de
juicio y orientaciones que ayudan a comprender y decidir. Tiene que reconocer matices,
asumir dilemas y dialoga con la realidad concreta. Moralizar, en cambio, divide
el mundo en buenos y malos, atribuye culpa al discrepante y oscurece la
complejidad con eslóganes. Lo primero ilumina la conciencia; lo segundo la
infantiliza.
¿Qué hacer entonces? Pues yo no voy a dejarme llevar por estas banderas
partidistas ya que tengo mi propia respuesta, que, por cierto, pienso que es la
mejor, no por ser la mía, sino porque tiene en cuenta de forma integral todos
los factores en juego. No se trata de una receta, sino un conjunto de
criterios, fundamentos y valores que se deben trabajar para concretar su
aplicación a nuestras condiciones específicas.
La inmigración de debe de abordar empezando por darse cuenta de que se
trata de un fenómeno que nos muestra facetas distintas y que todas ellas han de
ser tenidas en cuenta de la manera más cuidadosa y objetiva posible.
La inmigración nos crea un conflicto al situarse entre el principio de solidaridad
y el bien común; la contradicción que existe entre el derecho a emigrar para
lograr una vida mejor y el derecho de la nuestra sociedad a no ver dañada su
cohesión social, cultural ni lingüística, ni el bienestar derivado del estado
del bienestar, ni su capacidad económica a corto y largo plazo y mucho menos la
seguridad ciudadana. Dónde y cómo empieza y termina cada uno de aquellos dos
términos, y su dinámica, es la cuestión. En otros términos, se trata de
concretar los límites de la inmigración y las condiciones sobre la misma.
La solidaridad implica un reconocimiento de la interdependencia entre
los seres humanos y exige un compromiso activo con el bienestar de los demás.
Este principio llama a compartir recursos y responsabilidades, luchando contra
las injusticias sociales. La solidaridad no es solo un sentimiento de
compasión, sino una determinación firme y perseverante de trabajar por el bien
de todos, especialmente de los más vulnerables.
El bien común consiste en las condiciones sociales que permiten a las
personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, alcanzar su plenitud
humana. Este concepto abarca todos los aspectos que favorecen el desarrollo
integral de cada persona y de la sociedad en su conjunto, incluyendo la
justicia, la paz y la dignidad humana. El bien común debería de ser el objetivo
hacia el cual deben orientarse todas las políticas y acciones sociales,
priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.
Cuando se produce se conflicto entre solidaridad y bien común, la solución
pasa por la necesidad de equilibrar la solidaridad con la defensa del bien común.
Y para esto se requiere poner en práctica unas políticas de integración
que nos den la seguridad de que la llegada de inmigrantes no complique la
cohesión social ni el acceso a los recursos necesarios para el bienestar de
todos, incluidos los inmigrantes que ya se encuentran entre nosotros. Unas prácticas
que valoren la situación y acceso de los bienes y servicios públicos, que
tengan en cuenta las consecuencias de la emigración masiva, las muertes que se
producen y el tráfico de personas en una inmigración no regulada.
De lo que se trata es de buscar y encontrar soluciones que compartan ambos
principios, asegurando una inclusión sin sacrificar la estabilidad social y
económica. No se puede contemplar la inmigración masiva en España sin
diagnosticar su impacto sobre la vivienda, la educación, la sanidad, los
servicios sociales, la productividad, el impacto cultural y lingüístico, la
seguridad ciudadana, la atención a los menores, la situación de las cárceles,
para citar aspectos concretos decisivos.
No se puede utilizar, en nombre de un falso humanismo, la inmigración
para tapar nuestras propias miserias y renuncias. Pero todo esto no se hace en
absoluto. Y esta ha de ser la guía de la respuesta a concretar en una política
pública.
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